Por Bruno Cortés
En San Lázaro se empezó a mover una discusión que suele quedarse en voz baja, pero que toca a miles de familias en todo el país. El diputado Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para meter de lleno el tema del suicidio en el corazón de la política pública de salud, con reglas claras, responsabilidades definidas y coordinación real entre gobierno federal, estados y distintas instituciones.
La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud para que la prevención y atención del suicidio deje de ser un asunto disperso y se convierta en una política de Estado. En términos simples, lo que busca Gaona es que exista una Comisión de Prevención y Atención al Suicidio con gente que sí tenga vela en el entierro: representantes de la Secretaría de Salud, del sistema educativo y del DIF. No solo a nivel federal, sino también en cada estado, para que las decisiones no se queden en el escritorio de la capital.
Para lograrlo, la iniciativa añade 14 nuevos artículos a la ley y cambia el nombre del capítulo correspondiente para dejar claro el enfoque: “Salud Mental y Prevención al Suicidio”. El mensaje es directo: la salud mental ya no puede ser un apéndice ni un tema secundario.
Uno de los puntos centrales es el derecho de cualquier persona con conducta suicida a recibir atención médica y psicológica inmediata, profesional y sin discriminación. Dicho sin tecnicismos: no importa si tiene seguro, si puede pagar o a qué institución esté afiliada, hospitales públicos y privados estarían obligados a atender tanto al paciente como a su familia en una situación de emergencia.
La Comisión, que sería presidida por un representante de la Secretaría de Salud federal, tendría tareas muy concretas. Desde capacitar a personal médico, maestros, trabajadores sociales, policías y personal penitenciario para detectar señales de riesgo, hasta diseñar protocolos claros para urgencias y primeros contactos. La idea es que nadie se haga el sorprendido cuando ocurre una tragedia y que existan pasos definidos para actuar antes.
También se propone una coordinación estrecha entre servicios de salud, líneas de emergencia y otras instancias, además de convenios con universidades, organizaciones civiles, iglesias y el sector privado. El objetivo es sumar esfuerzos y no duplicar ocurrencias. A la par, se plantea crear un registro nacional actualizado sobre intentos y casos de suicidio, cuidando los datos personales, para que las políticas públicas se basen en información real y no en suposiciones.
En el ámbito educativo, la iniciativa obliga a la Secretaría de Educación Pública a diseñar, junto con autoridades sanitarias, un plan nacional de prevención del suicidio en escuelas. Esto incluye capacitar a maestros y personal administrativo para detectar señales de alerta, establecer protocolos de atención para estudiantes en riesgo, lanzar campañas informativas para alumnos y padres de familia, y promover que la comunidad escolar participe activamente en la prevención.
Desde el sector salud, la propuesta va más allá de la atención de emergencia. Se plantea integrar equipos interdisciplinarios que acompañen los procesos terapéuticos, la rehabilitación y la reinserción social, permitiendo que familiares y personas cercanas participen en el tratamiento. Además, se busca que la federación y los estados firmen convenios para asegurar que la ley se aplique de verdad, con cooperación técnica, administrativa y financiera.
El proyecto también fija reglas estrictas de confidencialidad para todo el personal involucrado y establece que los programas de capacitación deben considerar el contexto social, económico y cultural de cada región. En el caso de niñas, niños y adolescentes, se obliga a dar aviso inmediato a las procuradurías de protección para garantizar sus derechos.
El argumento de fondo es político y social: el suicidio es un problema de salud pública creciente y complejo que no se resuelve con discursos ni buenas intenciones. Para Gaona, el Congreso tiene la responsabilidad de construir un marco legal claro, eficiente y humano que permita prevenir, atender y salvar vidas, poniendo la salud mental al centro de las decisiones públicas y dejando atrás la indiferencia institucional.
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