Por Juan Pablo Ojeda
Un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York coloca a Nicolás Maduro en el centro de una presunta red de narcotráfico que habría operado bajo el amparo del aparato diplomático del Estado venezolano. De acuerdo con el expediente judicial, cuando Maduro se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, entre 2006 y 2008, habría utilizado su cargo para facilitar el traslado a Venezuela de las ganancias obtenidas por la venta de cocaína en México.
El texto detalla que la supuesta estrategia consistía en vender pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que, según la Fiscalía, eran narcotraficantes. Con esos documentos, podían mover dinero ilícito sin ser revisados por autoridades civiles o militares. Además, se habrían autorizado vuelos privados con cobertura diplomática, lo que impedía inspecciones y reducía cualquier riesgo de decomiso.
Según la acusación, cuando era necesario mover grandes cantidades de efectivo, se avisaba previamente a la embajada de Venezuela en México sobre la llegada de una “misión diplomática”. Mientras los presuntos narcotraficantes sostenían reuniones con el embajador bajo ese pretexto, las aeronaves privadas cargaban el dinero. Los vuelos regresaban a Venezuela protegidos por el estatus diplomático, señala el documento.
La Fiscalía estadounidense sostiene que este esquema no fue aislado. Afirma que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Maduro, facilitaron y protegieron durante años el envío de toneladas de cocaína, en alianza con organizaciones criminales como Los Zetas, hoy identificados como el Cártel del Noreste. El escrito describe una red en la que participaron militares, políticos y operadores logísticos, creando un mecanismo de corrupción y protección que convirtió a Venezuela en una plataforma clave del narcotráfico internacional.
El expediente también menciona a figuras cercanas al poder venezolano, entre ellas Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra. De acuerdo con la Fiscalía, desde 1999 habría existido colaboración con distintos grupos criminales y armados, como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, conformando una estructura multinacional con operaciones que involucraban a Venezuela, México, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.
Más allá de la protección militar, la acusación señala que se institucionalizó el uso de recursos del Estado para el narcotráfico. Se vendieron pasaportes diplomáticos, se facilitaron vuelos encubiertos y se ofreció cobertura oficial para mover dinero y drogas. El pago de sobornos, indica el documento, era parte del sistema, ya que cuando un cargamento era interceptado se entregaban millones de dólares a cambio de silencio.
Para la justicia estadounidense, los beneficios del narcotráfico habrían fluido desde corporaciones de seguridad y bases militares hasta las cúpulas del poder político, enriqueciendo a los círculos familiares de Maduro y a sus principales aliados, en un esquema que, sostiene, operó durante años con respaldo institucional.
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