Por Juan Pablo Ojeda
En una movida que está encendiendo el debate sobre derechos humanos y control migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó colocar tobilleras electrónicas con sistema GPS a todos los migrantes inscritos en su programa Alternativas a la Detención (ATD). Esta decisión impacta directamente a más de 180 mil personas que actualmente forman parte de ese esquema.
La directriz, emitida el pasado 9 de junio, señala que todos los migrantes bajo este programa deberán portar el dispositivo «siempre que sea posible», con excepciones limitadas —como mujeres embarazadas, quienes recibirán una muñequera electrónica en lugar de una tobillera.
El programa ATD se diseñó para monitorear a personas que no están detenidas, pero que están sujetas a procesos migratorios. Se considera una alternativa “más humana” a los centros de detención, ya que permite que los migrantes vivan en libertad mientras esperan sus audiencias en tribunales o el cumplimiento de una orden de deportación.
Hasta la fecha, solo el 13% de los inscritos (alrededor de 24 mil personas) llevaban una tobillera. Con esta nueva orden, el gobierno de Estados Unidos da un giro radical en su enfoque, apostando por una vigilancia electrónica masiva.
Aunque algunos defensores de esta medida la consideran una solución intermedia menos severa que la reclusión física, organizaciones de derechos civiles han denunciado los efectos negativos del uso de estos dispositivos: desde la incomodidad de portarlos hasta el estigma social, la invasión de la privacidad y la sensación constante de estar criminalizados.
Esta intensificación de las medidas de control ocurre bajo la administración del presidente Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha endurecido drásticamente la política migratoria. Su gobierno ha fijado la meta de realizar tres mil deportaciones diarias, lo que ha desatado preocupación tanto dentro como fuera del país.
El uso obligatorio de tobilleras para migrantes —algunos de ellos con años de residencia, vínculos familiares y laborales en Estados Unidos— marca un precedente en el tipo de herramientas que se están normalizando para el control poblacional y migratorio.
Aunque ICE argumenta que se trata de una estrategia para asegurar que las personas cumplan con sus procesos legales, el impacto emocional y social sobre quienes deben llevar estos dispositivos podría ser profundo y duradero, además de abrir la puerta a debates más amplios sobre privacidad, derechos humanos y el uso de la tecnología con fines de vigilancia masiva.
En resumen, lo que Estados Unidos presenta como una medida de control administrativo, cada vez se parece más a una forma de detención electrónica en libertad, donde miles de migrantes enfrentarán una vida bajo seguimiento constante mientras esperan que la justicia decida su destino.
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