El Congreso del Estado de México aprobó recientemente una reforma histórica que reconoce y sanciona la violencia vicaria, una forma de violencia familiar en la que el agresor utiliza a hijos, familiares o incluso mascotas para causar daño emocional y físico a la mujer víctima.
José Alberto Couttolenc, dirigente y coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, fue el principal impulsor de esta iniciativa legislativa que busca proteger a las mujeres y a los menores afectados por esta práctica.
La bancada del PVEM explicó que, aunque las mujeres son las principales víctimas, niñas, niños y adolescentes también sufren daños directos al ser manipulados por el agresor para infligir sufrimiento. Según datos presentados, solo en los primeros dos meses de 2023, se reportaron 4,440 casos de violencia familiar en el Estado de México, y algunas madres han pasado hasta seis años sin ver a sus hijos.
La reforma define la violencia vicaria como la utilización de amenazas, manipulación emocional, ocultamiento o sustracción de menores, y la presentación de demandas legales infundadas para obtener la custodia o retirar la patria potestad. Además, se sanciona el condicionamiento de obligaciones alimentarias como forma de control o castigo.
Con esta tipificación, la violencia vicaria pasa a ser delito con penas que van de 4 a 8 años de prisión, multas económicas y tratamiento obligatorio para los agresores. Las sanciones serán más severas cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la reforma penaliza a las autoridades que retrasen u obstaculicen de manera intencional la impartición de justicia en casos relacionados con violencia vicaria.
Entre los objetivos centrales de la reforma están: reconocer la violencia vicaria como un tipo de violencia familiar, establecerla como causal para la pérdida de patria potestad, y garantizar sanciones ejemplares para quienes la ejerzan.
Esta legislación representa un avance significativo en la protección de los derechos de mujeres y menores, marcando un precedente en la lucha contra las formas complejas y ocultas de violencia intrafamiliar en México.
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