Por Bruno Cortés
El ambiente en la Cámara de Diputados se puso tenso, y no precisamente por el calor. Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, salió con todo y anunció que su bancada no va a votar a favor de los dictámenes que se están cocinando esta semana en las sesiones extraordinarias. Y no es solo una postura política, sino una llamada de atención: “Vamos a dar el debate”, dijo, y avisó que van a presentar reservas, muchas. Hoy hay dos, pero mañana, “serán decenas”.
El asunto de fondo no es menor. Se está discutiendo una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sí, esa que se encarga de detectar el dinero sucio), y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que castiga el lavado de dinero. El problema, según Moreira, es que el texto está tan abierto que podría terminar persiguiendo a personas que ni la deben ni la temen, gente que nada tiene que ver con los políticos o funcionarios llamados “Personas Políticamente Expuestas” (PEP). En otras palabras: cualquiera podría caer en la red.
¿Y por qué tanta prisa? El diputado asegura que no se está debatiendo como se debe. Las propuestas no pasan por el filtro natural de las comisiones, se discuten al vapor, se aprueban de madrugada y sin transparencia. “Lo que no quieren es que la población se entere”, acusó. Y eso, en política, es como encender la alarma de incendio.
Pero ahí no paró la cosa. Moreira también habló del tema económico y los contrapesos del poder. ¿Se acuerdan de la Cofece? Esa institución que existe para que no haya monopolios y que las empresas compitan parejo. Pues el PRI dice que el gobierno federal la quiere debilitar. “Este país se construyó con contrapesos al poder presidencial y ahora vamos para atrás”, advirtió. Lo que viene, según él, es un país donde un solo partido (Morena) quiere controlarlo todo, sin escuchar a nadie y sin dar resultados.
También se metió al terreno de la seguridad, y ahí la cosa se puso aún más seria. Con los recientes hechos violentos en Sinaloa —al menos 20 muertos y varios decapitados—, Moreira dijo que el modelo de seguridad simplemente no funciona. Que no hay claridad sobre cuántos asesinatos y desapariciones hay en realidad, y que los gobernadores están “pintados”. Acusó al grupo dominante (en referencia a Morena y aliados) de justificar esa falta de acción. “Sinaloa es la muestra de que la política de seguridad está destinada al fracaso”, lanzó.
Y como si todo eso no fuera suficiente, también aprovechó para defender al exgobernador César Duarte, quien enfrenta procesos legales, pero que, según Moreira, ha recibido resoluciones favorables en Estados Unidos. A su juicio, eso demuestra que los juicios en su contra fueron injustos.
En resumen: lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados esta semana no es solo una discusión técnica de leyes. Es una lucha abierta entre posturas políticas muy distintas, con acusaciones de autoritarismo, falta de transparencia, y una advertencia clara: “nos quieren callados, pero no lo vamos a permitir”.
Porque al final, como dijo el propio Moreira, lo que está en juego no es una ley o dos. Es el rumbo del país. Y eso, nos guste o no, nos afecta a todos.
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