Por Juan Pablo Ojeda
En un movimiento sin precedentes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una alerta el 24 de junio de 2025, identificando a tres instituciones financieras mexicanas como de «primera preocupación por lavado de dinero» debido a su presunta vinculación con el tráfico ilícito de opioides, particularmente el fentanilo. Las instituciones señaladas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector). Esta acción representa un nuevo capítulo en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional.
Según el comunicado oficial de la FinCEN, estas instituciones habrían facilitado transacciones financieras vinculadas a los cárteles mexicanos, específicamente en el flujo de dinero hacia China para la importación de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la prohibición de ciertas transacciones con estas entidades, lo que podría limitar su capacidad para operar en el sistema financiero internacional, especialmente en operaciones denominadas en dólares estadounidenses. Esta medida, respaldada por la Sección 311 de la Ley Patriota de EE.UU., busca aislar a las instituciones señaladas y presionarlas para que refuercen sus controles contra el lavado de dinero.
El señalamiento de CIBanco, Intercam y Vector ha generado un fuerte impacto en el sector financiero mexicano, dado que estas instituciones tienen una presencia significativa en el mercado. CIBanco, conocido por sus servicios de banca múltiple, ha operado como fiduciario en diversas transacciones financieras en México, mientras que Intercam, parte de Intercam Grupo Financiero, se especializa en banca y casas de cambio. Por su parte, Vector Casa de Bolsa es un actor relevante en el mercado de valores mexicano. La acusación de EE.UU. pone en entredicho la integridad de sus operaciones y podría desencadenar investigaciones por parte de las autoridades mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En el contexto político, esta alerta llega en un momento de tensiones entre México y Estados Unidos, donde el combate al tráfico de fentanilo se ha convertido en un tema central de la agenda bilateral. México ha insistido en que la crisis de opioides es un problema compartido, señalando el alto consumo de drogas en EE.UU. como un motor clave de la demanda. Sin embargo, la acción del Tesoro estadounidense pone presión sobre el gobierno mexicano para reforzar la supervisión del sistema financiero y evitar que se convierta en un canal para el lavado de dinero de los cárteles. Expertos en política de seguridad advierten que este señalamiento podría tener implicaciones económicas, afectando la confianza de inversionistas en el sector financiero mexicano.
Por su parte, las instituciones señaladas no han emitido comunicados oficiales al cierre de esta nota, pero se espera que respondan en las próximas horas. La UIF, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría iniciar auditorías para determinar si existen irregularidades en las operaciones de estas entidades. Mientras tanto, el gobierno mexicano enfrenta el desafío de equilibrar la cooperación internacional con la defensa de la soberanía financiera, en un contexto donde el fentanilo ha exacerbado las tensiones diplomáticas.
Este caso subraya la complejidad de la lucha contra el crimen organizado, que no solo involucra operativos en campo, como los decomisos de droga reportados recientemente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o en Ensenada, sino también un combate en el ámbito financiero. La comunidad internacional observará de cerca cómo México responde a estas acusaciones y si logra fortalecer su sistema de prevención de lavado de dinero para evitar futuras sanciones.
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