Por Bruno Cortés
¿Y si te dijera que en México hay más de 20 millones de personas con discapacidad y que, aun así, sus derechos laborales y políticos siguen siendo letra muerta? No es exageración. Eso fue justo lo que denunciaron esta semana en el Senado la diputada Patricia Mercado Castro y varias organizaciones civiles durante la presentación del libro ¿Tan sencillo como seguir luchando? Una obra que no solo busca inspirar, sino también visibilizar la deuda que tiene el país con un sector que representa al menos el 16% de la población.
Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Movilidad en San Lázaro, fue clara: “La ley puede decir que tenemos derechos, pero si en la vida real no hay trabajo, representación o accesibilidad, entonces estamos fingiendo como país”. Recordó que en todo el sexenio pasado no hubo ni una sola empresa reconocida por contratar a personas con discapacidad. Literal: el marcador de inclusión laboral está en cero.
Uno pensaría que al menos el gobierno compensa esto con apoyos sociales, pero la realidad tampoco pinta bien. La pensión para personas con discapacidad permanente apenas cubre a poco más de un millón de personas. O sea, solo a una fracción del total. “Necesitamos políticas que nivelen el piso. Que no solo den un apoyo, sino que abran el camino”, dijo la diputada.
Una de las propuestas más concretas que se plantearon fue retomar una idea que ya había aprobado el Senado: obligar a las empresas con más de 20 trabajadores a que, al menos, el 5% de su plantilla esté conformada por personas con discapacidad. ¿Qué pasó con esa idea? Se quedó en el aire. No se logró cerrar acuerdos ni avanzar en su implementación. Así de fácil se frena el cambio.
Durante la conferencia también habló el diputado Armando Ruiz Hernández, quien subrayó que la inclusión no se trata solo de poner a una persona con discapacidad como candidata. Lo importante, dijo, es que haya representantes que conozcan los problemas de fondo y sepan cómo cambiar las leyes para garantizar derechos reales. Porque la verdad, señaló, hoy por hoy las personas con discapacidad viven en un “estado de exclusión”.
Y sí, la política es importante, pero también lo es el día a día. Oscar Manuel Saldívar, presidente de la asociación “Sí Se Puede” de Durango, denunció que este año ni siquiera se contrataron personas con discapacidad para trabajos temporales en la Feria Villista, algo que —aunque mínimo— representaba un ingreso para varias familias. “Antes eran 10 o 15 personas. Este año, ni cuatro”, lamentó.
Brenda Lara, diputada suplente, aprovechó para pedir algo muy concreto a los medios de comunicación: usar lenguaje incluyente y dejar de invisibilizar al sector. Porque cuando se habla de discapacidad no solo se habla de los 20 millones directamente afectados, sino de al menos 80 millones si contamos a familiares y cuidadores. Es decir, medio país.
Desde la UNASIP, Olga Guerrero pidió unidad y constancia. Porque como bien dijo: “Solos podemos llegar más rápido, pero unidos llegamos más lejos”. Y eso aplica aquí más que nunca. Indira López, de la comunidad sorda, cerró con una exigencia urgente: intérpretes, acceso igualitario a la información, y dejar de tratar la inclusión como un favor. Es un derecho.
El mensaje fue claro: esta lucha no es un tema de “buena voluntad”. Es una deuda histórica que ya toca saldar con leyes, presupuesto, espacios políticos y empleos reales. Porque para millones de personas en México, luchar por vivir con dignidad no debería ser tan complicado.
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