Por Bruno Cortés
En la política mexicana, donde a veces las decisiones se toman más con la calculadora política que con el corazón social, hay historias que nos recuerdan que detrás de cada decreto hay personas, familias, trayectorias. Esta semana, desde el Senado de la República, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) alzó la voz por los trabajadores de Oaxaca que, según denuncian, fueron despedidos sin justificación bajo el llamado Decreto 24.
Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, junto con la diputada Margarita García García, no se anduvieron con rodeos. En plena Comisión Permanente, y respaldados por representantes sindicales, lanzaron una crítica directa al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por lo que calificaron como una “injusticia laboral brutal”.
Y es que el 11 de diciembre de 2024, el Congreso local aprobó ese polémico decreto que dejó en la calle a mil 344 trabajadores del gobierno estatal. De esos, solo unos 600 fueron reinstalados tras semanas de presión y negociaciones. ¿Y los otros 744? Pues siguen esperando que alguien en el gobierno les haga justicia.
Sandoval no se guardó nada: “Este decreto viola los derechos humanos. Los corrieron sin aviso, sin razón, sin respeto. Todo porque el gobierno quería controlar al sindicato. Es una arbitrariedad, así de claro”, soltó ante la prensa.
Por su parte, la diputada Margarita García fue más allá y apeló directamente a los valores de la llamada Cuarta Transformación, ese movimiento político que promete gobernar con principios de justicia social y humanismo. “Salomón Jara no puede traicionar a quienes votaron por él. ¡Reinstalen a todos los trabajadores, no a unos cuantos!”, exigió con tono firme.
Este conflicto en Oaxaca no es un caso aislado. A la misma rueda de prensa llegaron representantes del Sindicato Independiente de Académicos del CONALEP (SIACONALEP), quienes aprovecharon los micrófonos para denunciar lo que ocurre en sus planteles, especialmente en Baja California, Chiapas y el Estado de México. Acusaron a directivos estatales y generales del Conalep de violar los derechos laborales de los docentes y pasarse por alto la Ley Federal del Trabajo. Además, señalaron prácticas corruptas dentro de la institución, que afectan tanto a trabajadores como a estudiantes.
Este tipo de situaciones nos recuerda algo muy básico, pero que a veces los gobiernos olvidan: el trabajo es un derecho, no un favor. Cuando se despide a alguien sin razón, sin proceso, sin respeto, no solo se vulnera una ley, se rompe una vida. Por eso, estas voces en el Congreso buscan algo más que protagonismo: quieren que las reglas se cumplan, que los abusos se detengan, y que ningún decreto convierta a un trabajador en un número tachado en una nómina.
Porque detrás de cada plaza hay historias, y detrás de cada historia hay derechos que deben respetarse.
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