Por Bruno Cortés
En el Congreso, la diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, puso sobre la mesa un tema que para muchos parece lejano, pero que en realidad refleja un problema serio y muy cotidiano: la falta de justicia en los crímenes motivados por prejuicios hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ+, especialmente la población trans. Lo hizo mediante un punto de acuerdo —una especie de “llamado oficial” que el Poder Legislativo hace a instituciones públicas— para pedirle a la Fiscalía General de la República que aplique el Protocolo Nacional de Actuación en casos que involucren orientación sexual o identidad de género, además del protocolo especializado para investigar delitos cometidos contra personas LGBTTTIQ+.
La diputada aprovechó los días previos al Día de la Remembranza Trans, que se conmemora cada 20 de noviembre, para recordar a las víctimas de la transfobia y visibilizar la violencia que viven las personas trans en México. Y no es un asunto menor: de acuerdo con organizaciones civiles, en lo que va del año se han registrado 56 asesinatos de personas trans, y la mayoría sigue sin resolverse. La Ciudad de México es, tristemente, la entidad con más casos recientes: 17 en un año, seguida por Veracruz, Jalisco, Morelos y Nuevo León.
En conferencia, Hernández García explicó que su propuesta también exige que las fiscalías estatales adopten o elaboren sus propios protocolos, pero no de cualquier manera, sino con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. Esto incluye algo que rara vez se menciona: considerar a las “víctimas indirectas”, es decir, familias y redes afectivas que también enfrentan el dolor y las consecuencias de un crimen de odio.
A esta iniciativa se sumó la diputada Marisela Zúñiga Cerón, de Morena, quien recordó el caso de Samantha Gómez, una activista trans asesinada meses después de recibir una medalla al mérito en la Ciudad de México. Para Zúñiga, el mensaje es claro: la transfobia mata, y combatirla desde el Estado es una deuda histórica. También insistió en que el próximo periodo ordinario impulsarán reformas federales para garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.
Durante el evento también participaron activistas, quienes hablaron sin filtros de lo que implica ser trans en México. Jimena Castillo, presidenta de Generación Trans, fue contundente: solo las personas trans pueden explicar lo que han vivido, porque han sido décadas de exclusión, discriminación y violencia. Incluso denunció que, dentro de la propia diversidad sexual, muchas veces las mujeres trans han sido invisibilizadas o tratadas como si no fueran capaces de defenderse por sí mismas. Su llamado fue directo: organizarse, liderar el movimiento y no permitir que otras voces hablen por ellas.
A esta voz se sumó Bebica Félix Díaz Rojo, una mujer trans de 50 años, quien compartió un testimonio fuerte y actual: aunque las redes sociales han permitido una mayor visibilidad, también han abierto la puerta a nuevos riesgos, como los discursos de odio y la exposición constante a la violencia digital. Recordó que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios en América Latina, una contradicción enorme si se considera que nunca antes la población trans había tenido tanta presencia en el debate público. Su mensaje fue simple pero poderoso: el país tiene una deuda enorme con la vida, la seguridad y la dignidad de las mujeres trans.
En resumen, lo que se discutió en esta rueda de prensa no se queda en discursos: son señales de que, desde el Congreso, algunas legisladoras están presionando para que las instituciones hagan lo que les toca y no dejen en el limbo jurídico a las personas trans, que hoy enfrentan una violencia desproporcionada. Falta ver si las fiscalías responden, pero la exigencia ya está puesta y el debate sigue creciendo, justo cuando más hace falta.
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