Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano no hay descanso, pero a veces parece que el apuro le gana a la claridad. Así lo ve Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, quien no se anduvo con rodeos al calificar el actual periodo extraordinario como una especie de maratón legislativo… pero sin brújula. Según él, las reformas que se están presentando no solo llegan a última hora, muchas sin explicar ni consultar, sino que además traen sello directo desde la Presidencia de la República.
“Son diez días de ignominia”, dijo Moreira, usando una palabra que suena fuerte pero que, en pocas palabras, quiere decir que lo que está pasando en el Congreso es una vergüenza. Y el problema, según él, no es solo el fondo, sino también la forma: se están discutiendo temas muy delicados con una técnica legislativa deficiente, sin orden, sin debate suficiente, y con iniciativas que parecen hechas al vapor.
Uno de los puntos que más molestia ha generado en la bancada del PRI es la desaparición del Coneval, un organismo que por años se ha dedicado a medir de forma objetiva la pobreza y el impacto de los programas sociales. Para Moreira, eliminarlo es como quitarle el espejo al país, dejarlo sin forma de evaluar si lo que se hace en desarrollo social realmente funciona. “Avalar esto es apostar por la opacidad”, dijo.
Pero el golpe más fuerte viene por el lado de la Guardia Nacional y las leyes de seguridad pública. El PRI no solo va a votar en contra —ya lo hizo en comisiones—, sino que considera que estas reformas ponen en riesgo la democracia misma. La crítica es directa: darle más poder a un cuerpo militar, sin controles claros, y meterlo de lleno en tareas de seguridad civil, es caminar por una pendiente resbalosa que puede terminar con la militarización del país.
Y no solo eso: Moreira advierte que estas reformas vienen conectadas entre sí como piezas de dominó. Si se aprueba una, automáticamente valida otra. Por ejemplo, la nueva ley de telecomunicaciones está relacionada con la ley de inteligencia, y ésta, a su vez, con la Guardia Nacional. En otras palabras, si el Congreso aprueba estos cambios sin discutirlos bien, podría estar dándole al gobierno herramientas para vigilar, controlar y reprimir, todo con justificación legal.
Lo que está en juego, según el PRI, no es solo un paquete de leyes, sino el modelo de país que queremos construir. ¿Un país con instituciones sólidas, evaluables y transparentes? ¿O uno donde las decisiones se tomen desde arriba y se ejecuten sin filtros, sin discusión y con tintes militares?
En este momento, el Congreso no solo legisla: también define los límites entre el poder civil y el poder militar, entre la transparencia y la opacidad, entre la técnica y la improvisación. Para el PRI, esos límites ya están en peligro, y por eso, aunque sean minoría, han decidido marcar distancia y levantar la voz. Porque, como dijo Moreira, “estamos ante el mayor riesgo para la democracia en los últimos años”. Y eso, se entienda o no de política, es algo que nos debería importar a todos.
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