Por Juan Pablo Ojeda
En América, la situación de las personas LGBTIQ sigue siendo complicada. Aunque algunos países avanzan en el reconocimiento legal de sus derechos, en muchos otros estos derechos se cuestionan, niegan o incluso se recortan, como ocurre actualmente en Estados Unidos y Argentina, dos países que lideran desde sus extremos del continente una fuerte ola en contra de la diversidad sexual y de género.
La realidad es que en el continente la diversidad legal es muy amplia. Mientras en lugares como Jamaica la homosexualidad es criminalizada, en otras naciones ya se permite el cambio de género basado en la autopercepción. Sin embargo, un factor común es el aumento de la violencia contra la comunidad LGBTIQ, incluso en países con leyes que deberían protegerlos.
Un informe reciente de la red Sin Violencia reporta que en 2023, en diez países de América Latina, entre ellos México, Colombia y Bolivia, fueron asesinadas 364 personas LGBTIQ. Brasil, por su parte, tiene un promedio escalofriante: una persona trans es asesinada cada 34 horas. En Colombia, donde el matrimonio igualitario existe desde 2016, sólo en los primeros meses de 2025 se registraron 43 homicidios y casi 700 agresiones sexuales a personas LGBTIQ.
México, con una legislación relativamente avanzada, tuvo 148 asesinatos en 2024, la mayoría mujeres trans. En Honduras, la violencia es tal que desde 2004 se han documentado más de 565 asesinatos sin que la mayoría de los casos se investiguen.
En cuanto a derechos, 13 países en América reconocen el matrimonio igualitario, pero regiones como Centroamérica o países como Perú siguen sin aceptar esta figura, con una oposición social considerable. La legalización del cambio de género también es dispar: Argentina y Ecuador lo permiten sin requisito médico, pero en Cuba, Panamá y la mayoría del Caribe aún exigen cirugía.
Cinco países caribeños mantienen leyes coloniales que criminalizan las relaciones homosexuales, convirtiéndose en zonas peligrosas para la comunidad. Por otro lado, países como Bolivia, El Salvador y Guatemala no tienen tipificados los crímenes de odio hacia personas LGBTIQ, lo que dificulta conocer y atacar la violencia que enfrentan.
Una situación preocupante es la protección casi nula para personas intersexuales, con solo Colombia y Chile regulando la práctica de cirugías en la infancia, consideradas por expertos como dañinas.
A nivel político, la ofensiva contra los derechos LGBTIQ está en aumento. En Estados Unidos, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, se han eliminado derechos para personas no binarias y trans, y se han restringido sus derechos en deportes y en las fuerzas armadas. En Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, se desmantelaron organismos clave para la defensa de estos derechos, mientras aumentan discursos oficiales discriminatorios, que han coincidido con un alza en ataques y asesinatos a personas LGBTIQ.
También en Venezuela se han escuchado declaraciones violentas desde el gobierno. En Chile, pese a un ambiente legal más favorable, organizaciones denuncian retrocesos en el reconocimiento de crímenes de odio y un aumento considerable de denuncias por discriminación.
Sin embargo, hay avances como la reforma en Cuba para permitir el cambio de género sin cirugía, y en Colombia se tramita una ley para garantizar acceso a salud, educación y empleo digno para personas trans.
La realidad latinoamericana es compleja: coexistencia de avances legales con un entorno social y político que sigue poniendo en riesgo la vida y los derechos de las personas LGBTIQ. La lucha continúa, pero la violencia y el retroceso evidencian que el camino hacia la igualdad y el respeto aún tiene mucho por recorrer.
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