Consejera del INE: Multas por recursos ilícitos, no por los acordeones

Por Juan Pablo Ojeda

 

La Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, confirmó que se desconocen los recursos empleados para la impresión de los acordeones utilizados durante la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio. Esta situación derivó en multas para 118 candidatos ganadores, incluidos el próximo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Loretta Ortiz.

Humphrey Jordan aclaró que la sanción no se basó en la existencia misma de los materiales, sino en el desconocimiento del origen de los recursos que se emplearon para su producción, lo que constituye un uso ilícito de recursos prohibido por la Constitución.

“La ley prohíbe que los candidatos reciban aportaciones económicas de terceros. Por tanto, esta propaganda que circuló en los días previos a la jornada electoral es ilegal, les aportó un beneficio y por ello se sancionó a todas las candidaturas involucradas”, explicó la consejera.

Respuesta a críticas de Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó el martes 29 de julio durante su conferencia matutina la actuación del INE, señalando una supuesta contradicción entre sancionar a los candidatos y validar los resultados de la elección judicial.

En respuesta, Humphrey Jordan señaló que no existe contradicción alguna, pues se trata de etapas distintas dentro del proceso electoral. Se validó la elección porque no hubo elementos suficientes para invalidarla, pero se abrió una investigación específica sobre el origen de los recursos para la impresión de los acordeones.

Multas basadas en el beneficio y no en el gasto

Respecto a la disparidad en los montos de las multas impuestas, la consejera explicó que estas se calcularon tomando como base el 10 por ciento del tope de gastos de campaña correspondiente a cada cargo. Esto debido a que no se conoce el monto exacto de los recursos usados para la producción de los materiales impresos o digitales.

“El criterio no fue el gasto en sí, sino el beneficio que los candidatos obtuvieron con dicha propaganda, motivo por el cual se sancionó conforme a un porcentaje del tope de gastos de campaña de cada candidatura”, concluyó Humphrey Jordan.

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