Por Bruno Cortés
En México, hablar de abuso sexual infantil es mirar de frente una de las realidades más dolorosas y urgentes del país. Y aunque el tema muchas veces se queda en cifras y discursos, el diputado Ulises Mejía Haro, de Morena, acaba de ponerlo en el centro del debate legislativo con una propuesta que busca cerrar las puertas legales a los agresores y abrir mecanismos de prevención real.
¿De qué va su iniciativa? En palabras claras: plantea dos cosas contundentes. Uno, que cualquier persona acusada de abuso sexual infantil no pueda llevar su proceso en libertad, es decir, se imponga prisión preventiva automática desde el momento en que se le imputa el delito. Y dos, que todas las instituciones públicas o privadas que trabajen con menores estén obligadas a pedir, de forma periódica, una constancia de no antecedentes penales por delitos sexuales a su personal. Nada de confiar en el “buen juicio” de cada quien: la ley obligaría a revisar los antecedentes por escrito.
En conferencia de prensa, Mejía Haro soltó un dato que estremece: México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Sí, leíste bien. Además, el 92.3% de las víctimas son niñas y, en la mayoría de los casos, los agresores no son extraños, sino personas cercanas: familiares, vecinos, conocidos.
Pero lo más alarmante vino con los datos de la OMS: en 2023, los hospitales del país atendieron a casi 10 mil menores víctimas de violencia sexual, lo que representa un aumento de más del mil por ciento comparado con 2010. En otras palabras, no es que el problema esté surgiendo ahora, es que nunca se ha enfrentado con la seriedad que merece.
La iniciativa, explicó el legislador, toca directamente el artículo 261 del Código Penal Federal, para que quien cometa abuso sexual infantil no tenga la posibilidad de salir bajo fianza ni enfrentar el proceso fuera de prisión. Esto se basa en un principio que está en muchas leyes del país y del mundo: el interés superior del menor. Es decir, cuando hay que decidir entre proteger al acusado o proteger a la víctima —que es una niña o un niño—, la ley debe priorizar sin rodeos a la infancia.
Además, la propuesta incluye modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con una nueva cláusula (el artículo 49 Bis) que obliga a revisar de manera obligatoria y periódica los antecedentes penales del personal que trabaje con menores en escuelas, hospitales, centros deportivos, culturales o de cualquier tipo. Esto aplica para autoridades de todos los niveles de gobierno, así como empresas, asociaciones civiles y cualquier otra institución.
Porque, como dijo Mejía Haro, la prevención no se logra con campañas bonitas ni con discursos de ocasión. Se necesita control, supervisión y leyes claras que no dejen espacios a la negligencia.
También subrayó algo que muchas veces se pasa por alto: el abuso sexual infantil deja huellas de por vida, no sólo físicas, sino emocionales y psicológicas. Y mientras haya vacíos legales, seguirá habiendo víctimas invisibles que no encuentran justicia.
En un Congreso muchas veces dominado por grillas y debates partidistas, esta iniciativa llega como un llamado urgente a poner la mirada donde más hace falta: en la protección de quienes no tienen cómo defenderse solos. Porque cuando hablamos de infancias, la política deja de ser teoría y se convierte en una obligación ética.
Ahora, falta ver si la mayoría legislativa tiene el valor de llevar esta propuesta hasta el final. Pero lo que está claro es que la niñez mexicana no puede seguir esperando.
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