Por Bruno Cortés
En medio del calor sofocante del verano y la incertidumbre que cada vez cala más hondo en el surco, los productores del campo mexicano —esos que no paran aunque falte lluvia o sobre burocracia— decidieron alzar la voz. Este martes, en la sede del Senado, un grupo de agricultores sinaloenses, respaldados por la diputada federal Ofelia Socorro Jasso Nieto del PRI, presentó formalmente su pliego petitorio. ¿Su exigencia? Algo tan básico como justo: que les paguen lo que se les debe, que les den precios decentes por su cosecha y, sobre todo, que el Gobierno Federal los escuche.
Son 184 productores los que integran esta organización llamada Campesinos Unidos de Sinaloa, y si bien el nombre parece de película, su realidad es bastante menos glamorosa: maíz sin pago, trigo con apoyos incompletos, precios que no alcanzan ni para cubrir el costo de sembrar. La diputada Jasso Nieto, flanqueada por representantes del campo, hizo lo que debía hacer una legisladora en este momento: servir de puente para una causa justa.
El documento con las exigencias ya se entregó oficialmente a varias de las cabezas del gobierno: a Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación; a Edgar Amador Zamora, en Hacienda; y a Julio Berdegué Sacristán, responsable de Agricultura. Y no se detienen ahí. Este miércoles, el pliego irá directamente a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque, como dijo la diputada, “el campo no puede esperar más”.
¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Los agricultores exigen, para empezar, el pago de 750 pesos por tonelada de maíz que aún no se les ha entregado. Además, piden que se cumpla el apoyo de 200 pesos adicionales por tonelada, sin letras chiquitas, sin vueltas. También exigen que se liquiden los pagos pendientes por el trigo del ciclo agrícola en curso.
Más allá del dinero —que sin duda urge— lo que están pidiendo es un cambio de fondo en las políticas públicas del campo. No se trata solo de “ayudas”, sino de tener condiciones dignas para trabajar. Lo que buscan es una mesa de diálogo con el Ejecutivo Federal que no sea solo para la foto, sino un espacio donde se tomen decisiones reales, donde se entienda que sin agricultores, no hay comida en la mesa de nadie.
Baltazar Valdés, quien preside la organización, lo dijo claro: esta lucha no es sólo por Sinaloa. Se trata de un movimiento nacional por el rescate del campo, que ya agrupa organizaciones de 21 estados. La cosa no es menor. El problema no es local, ni nuevo, pero sí está alcanzando un punto crítico.
Por eso, Jasso Nieto y su bancada del PRI, con Rubén Moreira al frente, están presionando para que el Gobierno Federal cumpla lo pactado. La diputada lo dejó claro: “Estos apoyos son urgentes para cubrir costos de producción y mantener la viabilidad de nuestros cultivos”. Y tiene razón. Porque hoy, los costos de fertilizantes, maquinaria, transporte y demás insumos, están por los cielos. Si no hay apoyos a tiempo, muchos productores simplemente dejarán de sembrar.
La narrativa es conocida, pero no por eso menos alarmante: promesas que no se cumplen, pagos que no llegan, precios que no alcanzan. Y sin embargo, el campo sigue dando de comer a millones. Por eso los productores están cansados. Por eso exigen justicia.
El pliego está sobre la mesa. Ahora la pelota está en la cancha del gobierno. ¿Responderá a tiempo o dejará que la incertidumbre siga creciendo como maleza entre los surcos? Porque si algo está claro, es que el campo ya no aguanta.
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