Por Bruno Cortés
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara, quiere enterrar una de las figuras más polémicas en el tema de obra pública en México: las Asociaciones Público Privadas, mejor conocidas como APP. Esas mismas que, desde 2012, se usaron para construir carreteras, hospitales y hasta cárceles con dinero privado, pero que, según el legislador, terminaron costándole caro al país.
Desde el Senado, durante la Comisión Permanente, Ramírez Cuéllar presentó su iniciativa para abrogar la Ley de APP y crear una nueva: la Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar. El objetivo es dejar atrás un modelo que, según él, benefició a unos cuantos y no resolvió los grandes rezagos de México, especialmente en comunidades olvidadas.
En pocas palabras: las APP se usaban para grandes obras, pero el resultado fue deuda, contratos opacos y poco impacto real en la vida de la gente. Ahora, la apuesta es cambiar el enfoque hacia proyectos más cercanos a la población: caminos rurales, agua potable, Internet, escuelas y hospitales, pero con una inversión mixta, es decir, combinando recursos públicos y privados con reglas nuevas y más claras.
El diputado dejó claro que el país ya no puede seguir dependiendo solo del gasto público. Con lo que hay en las arcas no alcanza, pero sí se pueden usar mejor los fondos disponibles: fideicomisos, recursos de las Afores, créditos bancarios y otros ahorros públicos que llevan años guardados. La idea es mover ese dinero para activar la economía sin endeudar al país como antes.
Esta nueva ley también busca liberar al gobierno de algunas de las trabas burocráticas que tiene hoy la Ley de Obras Públicas, permitiendo esquemas más ágiles de inversión, sin caer en favoritismos o corrupción. Por eso, se plantea crear una Comisión Nacional de Infraestructura para el Bienestar, que asegure que los recursos se distribuyan de forma más justa: no solo a megaproyectos, sino también a donde más se necesita, como en salud, tratamiento de residuos, conectividad o agua.
Y ojo: no se trata de cerrar la puerta a los empresarios. Al contrario. Ramírez Cuéllar habló de un modelo de utilidades compartidas, donde tanto el Estado como la iniciativa privada ganen, pero sin que la ciudadanía pague los platos rotos como ha ocurrido en el pasado.
En cuanto al nerviosismo empresarial sobre el Poder Judicial —después de la elección de nuevas y nuevos jueces—, el diputado reconoció que la confianza no se impone, se construye. Y ahí todos tienen tarea: desde los jueces hasta el gobierno, pasando por empresarios y ciudadanía. Se trata, dijo, de garantizar que las resoluciones judiciales sean imparciales, limpias y creíbles.
Con esta iniciativa, Morena busca dejar claro que el modelo de desarrollo ya cambió: menos negocio para unos pocos y más infraestructura con impacto directo en la calidad de vida de la gente. Y sí, también más inversión privada, pero con otro chip: uno que piense en el bienestar, no solo en el margen de ganancia.
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