Por Bruno Cortés
¿Libertad de expresión o libertad condicionada? Esa es la pregunta que se cuela entre las grietas de la Cuarta Transformación, mientras los gobiernos de Morena multiplican los gestos autoritarios disfrazados de leyes progresistas. En Puebla, Campeche y Jalisco, el periodismo se ha vuelto una profesión de alto riesgo. El enemigo ya no es el crimen organizado —al menos no solamente—, ahora también se viste de traje institucional y jura lealtad a la 4T.
El caso más alarmante llega desde Puebla, donde el Congreso —dominado por Morena y sus aliados— aprobó una Ley de Ciberseguridad que castiga con cárcel hasta por tres años a quien “ofenda” en redes sociales. La ambigüedad de la norma es tan peligrosa como el silencio que ha intentado imponer. Críticos la han bautizado como «Ley Censura», y aunque el gobernador Alejandro Armenta pidió revisarla tras las protestas, la ley ya fue publicada en el Periódico Oficial del estado. Es decir: ya está vigente. La “revisión” suena más a maquillaje que a rectificación.
Más al sur, en Campeche, la gobernadora Layda Sansores sigue protagonizando una telenovela de represión institucional. Su víctima más reciente: el periodista Jorge Luis González, exdirector del portal Tribuna Campeche. Acusado de “incitar al odio” por sus publicaciones críticas, fue vinculado a proceso y obligado a pagar una indemnización de 2 millones de pesos. Como si no bastara, denunció que fue golpeado por elementos de seguridad, en lo que él calificó como un “brutal abuso de autoridad”.
La presión fue tal, que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir. En público, le jaló las orejas a Sansores: “Está garantizada la libertad de expresión y las y los gobernadores deben garantizarla”, afirmó en un tono que parecía más pedagógico que enérgico. Sin embargo, el regaño vino acompañado de un silencio incómodo en cuanto a sanciones o consecuencias reales.
Pero la represión no se limita a los gobernadores. En Tequila, Jalisco, el camarógrafo de N+ Guadalajara, Jorge Alberto García, fue detenido mientras realizaba una cobertura. La policía municipal lo esposó, lo subió a una patrulla y lo retuvo sin justificación. El alcalde morenista, Diego Rivera, trató de lavarse las manos alegando que él no ordenó nada. Y como si eso bastara, el caso quedó en el anecdotario oficialista, donde las excusas pesan más que los hechos.
Estos incidentes no son meras coincidencias. Se trata de un patrón que revela una cultura institucional de hostigamiento a la prensa, de criminalización del disenso y de intolerancia al cuestionamiento. Todo esto bajo gobiernos que llegaron al poder prometiendo justicia social, transparencia y respeto a los derechos humanos.
En medio de este panorama, el periodismo mexicano sigue de pie, pero con el micrófono cada vez más cerca de convertirse en evidencia judicial. Las cámaras graban, sí, pero también se convierten en objetivo de las patrullas. La palabra incomoda, y en la Cuarta Transformación, eso ya empieza a tener consecuencias legales.
La narrativa oficial dice que hay libertades plenas. La realidad demuestra que, en los hechos, la 4T ha encontrado en la prensa crítica no un contrapeso, sino un enemigo a neutralizar. Y si esto no se corrige, la llamada transformación corre el riesgo de mutar en una regresión autoritaria disfrazada de democracia participativa.
Deja una respuesta