La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados ya delineó un calendario para impulsar la reforma electoral constitucional, siempre y cuando la iniciativa sea presentada durante la primera quincena de enero de 2026. El plan contempla una aprobación acelerada en el Congreso de la Unión y una reconfiguración profunda de las instituciones electorales del país.
De acuerdo con la ruta legislativa planteada, la reforma constitucional sería discutida y votada hacia mediados de marzo en la Cámara de Diputados y el Senado. Al tratarse de una modificación a la Constitución, el proyecto deberá ser avalado posteriormente por al menos la mitad más uno de los congresos estatales, como parte del Constituyente Permanente, y someterse al cómputo de constitucionalidad correspondiente.
Una vez superada esta etapa, entre marzo y abril —o en un periodo extraordinario previsto entre mayo y julio— se llevaría a cabo la adecuación de las leyes secundarias en materia electoral. Estos ajustes buscarían armonizar el marco legal con el nuevo texto constitucional aprobado por el Congreso de la Unión.
Entre los cambios previstos en la legislación secundaria se encuentran nuevas reglas para la integración y funcionamiento de los órganos electorales, modificaciones a los procedimientos comiciales y la eventual redefinición de los mecanismos de nombramiento de consejeras y consejeros electorales, según documentos internos y reportes legislativos.
En este contexto, el próximo 4 de abril la Cámara de Diputados tendría que ratificar o nombrar a tres integrantes del Consejo General del INE. No obstante, la propia ruta legislativa reconoce que este proceso podría verse alterado “si acaso sigue el Consejo General del INE”, lo que abre la puerta a una reconfiguración de su integración o incluso a su desaparición.
A partir de junio de 2026, la mayoría legislativa prevé iniciar la implementación de los cambios institucionales, que incluirían el reacomodo de estructuras internas, nuevos nombramientos y la adecuación de procedimientos administrativos y operativos dentro del órgano electoral federal.
Diversos documentos y análisis legislativos también plantean la posible creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), un nuevo organismo que sustituiría al INE y absorbería sus funciones, al tiempo que se eliminarían los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en los estados.
Hacia julio de 2026, el Congreso de la Unión buscaría expedir los reglamentos y lineamientos necesarios para la operación del nuevo instituto —o de un INE rediseñado— con el objetivo de dejar definido el esquema electoral antes de septiembre, cuando inicia formalmente el proceso electoral federal de 2027.
Finalmente, el calendario legislativo prevé que durante 2027 la Cámara de Diputados realice, de manera gradual, el nombramiento de nuevas y nuevos consejeros bajo las reglas establecidas en la reforma, para que el nuevo modelo institucional opere plenamente en los siguientes ciclos electorales, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión.
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