Ciudad de México, 21 de noviembre de 2025.— La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por unanimidad el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, tras analizar una denuncia que podría constituir violencia política en razón de género y violencia política contra las mujeres en razón de género. La decisión fue tomada en Sesión Urgente, luego de considerar que existen elementos indiciarios suficientes para iniciar la investigación.
De acuerdo con el IECM, la queja fue presentada el 19 de noviembre por una persona servidora pública, quien señaló diversos hechos presuntamente cometidos por dos personas también servidoras públicas. La denuncia fue ingresada en la Oficialía de Partes del organismo, donde la promovente expuso publicaciones y contenidos difundidos en redes sociales y una plataforma digital que, en apariencia, podrían configurar conductas prohibidas en materia de violencia política de género.
Tras un análisis preliminar, la Comisión de Quejas observó que las manifestaciones atribuidas a las personas señaladas podrían tener como efecto afectar el reconocimiento público de la denunciante, así como el acceso, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales. Por ello, se determinó el inicio formal del procedimiento sancionador.
El proyecto aprobado incluyó el dictado de medidas cautelares y de tutela preventiva solicitadas por la denunciante. Sin embargo, la Comisión resolvió no otorgar medidas de protección al no identificar factores de riesgo que justificaran dicha acción, conforme a los criterios establecidos por el IECM.
Durante la sesión, la consejera presidenta de la Comisión Permanente de Quejas, Sonia Pérez Pérez, destacó la atención inmediata otorgada al caso. Subrayó que el proceso continuará mediante una sustanciación pronta y expedita, con garantía de audiencia para las personas señaladas y la posterior remisión del expediente al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al tratarse de un procedimiento especial sancionador. “Será el propio Tribunal quien determine si existe la infracción y, en su caso, la responsabilidad correspondiente”, puntualizó.
Por su parte, la consejera Cecilia Aída Hernández Cruz precisó que el análisis no halló indicios suficientes en todos los videos denunciados para presumir expresiones vinculadas a estereotipos de género. Destacó la importancia de diferenciar entre conductas que ameritan medidas cautelares y aquellas amparadas por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. “Esta autoridad no debe inhibir el debate público, siempre que no rebase la frontera establecida”, señaló.
En tanto, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez enfatizó la importancia de que existan mecanismos claros de denuncia para quienes consideren vulnerados sus derechos político-electorales. Añadió que el procedimiento garantizará que todas las partes puedan presentar pruebas y manifestaciones, mientras que la resolución final corresponderá al Tribunal Electoral local.
El IECM reiteró que estos procesos forman parte del compromiso institucional de prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
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