Por Juan Pablo Ojeda
En medio del impacto social y político que ha generado el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México enfrenta cuestionamientos sobre la actuación de algunos de sus elementos tras el crimen.
Durante el fin de semana comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación versiones sobre la presunta detención de dos mandos policiales —entre ellos, la jefa del Sector Nativitas y su responsable de patrullas— por manipular indebidamente la escena del crimen, registrado la mañana del 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez.
El periodista Carlos Jiménez señaló que una de las oficiales habría movido pertenencias del agresor material, entre ellas un chaleco verde, mientras que Antonio Nieto reportó que la propia SSC investiga internamente por posible alteración de evidencia.
Ante la presión pública, la SSC emitió un comunicado para desmentir detenciones, pero confirmó que abrió una investigación administrativa interna. En el documento, la institución aseguró que todos los indicios fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ya forman parte de la carpeta de investigación.
Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Internos activó un procedimiento para esclarecer si hubo violaciones a la normatividad policial por parte de los elementos que participaron en el operativo inicial. Además, se anunció un proceso de ajuste en el cuadro de mandos de la corporación, aunque sin brindar detalles concretos sobre los oficiales involucrados.
En cuanto al doble homicidio, aún no hay detenciones. Se sabe que el sicario huyó en una motocicleta negra, cambiando de vehículo al menos dos veces, y que tres individuos más habrían participado en la logística. Las autoridades capitalinas siguen sin establecer un móvil oficial.
Ximena Guzmán, quien recibió ocho disparos, era secretaria particular de Clara Brugada. José Muñoz, asesinado con cuatro impactos de bala, fungía como asesor de la misma funcionaria. Ambos se dirigían a sus actividades laborales cuando fueron atacados.
El caso, por su naturaleza y contexto, no solo sacudió a la opinión pública, sino que ya apunta hacia posibles fallas institucionales en la preservación de la escena del crimen, lo que podría entorpecer el acceso a la justicia. La atención ahora está puesta en los resultados de las investigaciones internas, mientras el caso sigue generando tensión dentro y fuera del Gobierno capitalino.
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