Por Juan Pablo Ojeda
Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos escucha los argumentos sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados y con visas temporales. La medida, impugnada judicialmente desde su anuncio en el segundo día de su nuevo mandato, podría afectar a unos 255 mil bebés cada año, según un estudio del Migration Policy Institute (MPI).
El reporte, elaborado por Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt, advierte que si la propuesta se concreta, la población indocumentada en EE.UU. podría crecer en 2.7 millones para 2045, y un 40% más para 2075, debido a la exclusión de menores nacidos en territorio estadounidense.
Consecuencias sociales y legales
Los investigadores advierten que esta medida crearía una nueva “clase de residentes” sin ciudadanía, nacidos en EE.UU. pero sin derechos plenos, lo que podría provocar una fractura en la cohesión social y limitar la movilidad económica. Además, se teme un aumento en la migración forzada o voluntaria de familias con niños nacidos en Estados Unidos, como ya ocurrió en 2020, cuando medio millón de menores estadounidenses residían en México.
Aunque la política ha sido bloqueada por tres jueces federales, su futuro dependerá del fallo de la Corte Suprema, donde la mayoría conservadora fue nominada por el propio Trump. La base legal para impedir la eliminación de este derecho radica en la Enmienda 14 de la Constitución (1868), que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense.
¿Una amenaza real o simbólica?
Para Thomas Kennedy, analista de Florida Immigrant Coalition (FLIC), el impacto inmediato de la medida es más simbólico que práctico. Aunque estima que la política no prosperará, alerta sobre el clima de incertidumbre y miedo que ya genera entre comunidades migrantes.
“Hay confusión. Muchas familias temen incluso perder la ciudadanía ya adquirida, aunque la orden no lo contempla”, dijo Kennedy a EFE.
¿Qué debate enfrenta la Corte Suprema?
El caso también representa un choque entre poderes. La audiencia se centra en si los tribunales inferiores tienen la facultad de emitir interdictos nacionales para frenar políticas presidenciales. La administración Trump argumenta que eso limita el poder ejecutivo de forma inconstitucional.
“Es un debate complejo. Pero la Constitución es clara: la ciudadanía por nacimiento está protegida”, dijo Jerry Gonzalez, CEO de GALEO Impact Fund, desde Georgia. Sin embargo, advirtió que la Corte también podría restringir la capacidad de los jueces locales de bloquear políticas migratorias a escala nacional.
El trasfondo: mito del “turismo de nacimiento”
Los defensores de la política de Trump suelen referirse al llamado “turismo de nacimiento” como justificación, es decir, cuando mujeres extranjeras viajan a EE.UU. para que sus hijos obtengan ciudadanía. No obstante, el MPI y datos de los CDC indican que esta práctica es poco común: apenas 9 mil de los 3.6 millones de nacimientos anuales corresponden a madres no residentes.
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