Jueza frena detención de Silvano Aureoles; FGR denunciará

Por Juan Pablo Ojeda

 

En un giro judicial que ha generado fuertes críticas del gobierno federal, una jueza federal otorgó suspensión definitiva al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra la orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de recursos públicos superiores a tres mil millones de pesos.

La resolución fue emitida por la jueza Novena de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, quien además elevó a un millón de pesos la garantía que Aureoles deberá pagar para mantener vigente la protección judicial.

Aureoles Conejo es investigado por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, presuntamente cometidos durante su gestión como gobernador de Michoacán (2015-2021).

Suspensión parcial y controversia judicial

El fallo judicial fue emitido durante la audiencia incidental celebrada el 14 de mayo, y establece que se concede una suspensión definitiva respecto a ciertos actos de autoridad, pero se niega en otro punto, aunque el expediente no detalla los efectos precisos de esta negativa.

FGR anuncia denuncia penal contra la jueza

En respuesta inmediata, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que presentará una denuncia penal contra la jueza Vargas Alarcón, acusándola de brindar una protección “parcial e injusta” al exmandatario.

“No existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo (…) que autoridades judiciales han suspendido ilegalmente”, señaló la FGR en un comunicado.

Además, la Fiscalía anunció que también iniciará una queja procesal para impugnar lo que consideran una actuación fuera del marco legal por parte del Poder Judicial.

Contexto político y legal

La figura de Silvano Aureoles, quien aspiró a la candidatura presidencial en 2024 por el PRD, ha sido objeto de diversas investigaciones por presunto uso indebido de recursos públicos. Su defensa ha calificado las acusaciones como una persecución política, mientras que el gobierno federal insiste en que se trata de delitos documentados y graves.

Con este fallo, el caso adquiere un nuevo matiz de tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en medio de un debate nacional sobre la autonomía judicial y el combate a la corrupción.

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