Por Juan Pablo Ojeda
La detención de seis escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo —asesinado el pasado 1 de noviembre— abrió un nuevo capítulo en un caso que ya era grave y ahora apunta directamente a quienes debían protegerlo. Las autoridades de Michoacán confirmaron que los agentes municipales fueron asegurados este jueves, luego de que avanzaron las investigaciones por el uso excesivo de la fuerza durante la detención del presunto homicida del edil, Víctor Manuel Ubaldo.
Semanas atrás, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había revelado que los ocho policías responsables de la seguridad del alcalde estaban bajo investigación. Hoy, la Fiscalía estatal sostiene que los escoltas abatieron al atacante cuando este ya había sido controlado.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que, tras la captura del agresor, ocurrió un forcejeo y finalmente un solo disparo terminó con su vida. De acuerdo con los informes preliminares, los seis policías municipales fueron detenidos en la Casa de Cultura de Uruapan y serán trasladados a Morelia, donde un juez definirá su situación jurídica.
El caso se ha convertido en un foco rojo para el gobierno estatal, pues no solo implica la vulnerabilidad de un alcalde en funciones, sino la posible responsabilidad directa de su propio equipo de seguridad en la muerte del agresor, lo que abre preguntas sobre protocolos, cadena de mando y el nivel de corrupción o descontrol dentro de la corporación municipal.
Mientras tanto, la comunidad de Uruapan sigue exigiendo claridad y justicia para un crimen que, lejos de resolverse, se complica a cada paso.
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