Por Bruno Cortés
El debate sobre la seguridad volvió a tensarse en San Lázaro, ahora con el coordinador del PRI, Rubén Moreira, encendiendo los reflectores hacia el gabinete federal. En un tono directo, el priista pidió que la Junta de Coordinación Política cite a comparecer a los responsables de Defensa, Marina, Seguridad, Inteligencia y Guardia Nacional para que expliquen, sin rodeos, qué están haciendo frente a la violencia que atraviesa al país. Según él, México está “incendiado” y ya no alcanza con discursos: es momento de que quienes conducen la política de seguridad respondan ante el Poder Legislativo.
Moreira adelantó que formalizará su exigencia con un documento firmado por los 37 diputados del PRI, y aprovechó para subrayar que el Congreso no puede cruzarse de brazos ni renunciar a su función de contrapeso, sobre todo en un tema tan sensible como la seguridad pública. También presionó para que se instalen de inmediato dos comisiones clave: la bicameral de Seguridad Nacional y la encargada de dar seguimiento a las Fuerzas Armadas. Para el PRI, la omisión legislativa en estas áreas está dejando huecos en la supervisión del uso de la fuerza y en la evaluación de la estrategia militarizada del Gobierno.
Pero Moreira no se quedó ahí. Señaló con nombre y apellido a Michoacán y Guerrero como gobiernos estatales que, según él, se niegan a colaborar con el modelo federal de seguridad. Y mientras hablaba de coordinación fallida, también acusó la existencia de presos políticos derivados de las manifestaciones del fin de semana en la Ciudad de México, pues—asegura—más de treinta personas fueron encarceladas por expresar sus ideas. En su narrativa, esto pinta un panorama de persecución política, al grado de comparar al Gobierno actual con el régimen de Pinochet.
El priista reclamó justicia por asesinatos recientes que han estremecido la conversación pública, como el de Carlos Manzo, y el del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Asegura que desde el Gobierno se han armado “montajes” para distorsionar el contexto de estos crímenes y estigmatizar a quienes protestan. La discusión también se cruzó con la comparecencia de la secretaria del Bienestar, donde el PRI cuestionó los resultados sociales del gobierno federal y recordó que muchos programas actualmente emblemáticos nacieron en administraciones priistas y quedaron blindados en la Constitución por votos del propio tricolor.
Moreira aprovechó para desmontar lo que califica como triunfalismo en salud, asegurando que más de 44 millones de personas siguen sin acceso a servicios médicos y que estados como Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y Veracruz viven niveles “escandalosos” de carencia. Y cuando fue cuestionado por el trato hacia la llamada “Generación Z” tras las protestas nacionales, respondió sin titubear: “Claro que los han criminalizado”. Aseguró que la raíz del enojo ciudadano está en el homicidio sin resolver de Carlos Manzo y reiteró la petición priista para que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se retire del cargo.
El PRI también anunció que pondrá su defensoría jurídica y a sus abogados a disposición de las personas detenidas durante las manifestaciones, y que los 37 diputados federales del partido se sumarán al acompañamiento legal cuando sea necesario, a cualquier hora y sin distinción.
En medio de todo este entorno cargado, el diputado Mario Zamora agregó leña al debate fiscal al criticar la idea del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar de reinstalar la tenencia vehicular en todo el país. Lo calificó como un ejemplo de “falta de creatividad” y como señal de que el Gobierno federal anda desesperado por encontrar recursos. Para el PRI, volver a un impuesto impopular no solo sería retroceder, sino una muestra más de que la administración federal no quiere asumir el costo político de reconocer el desgaste financiero que vive.
En resumen, el mensaje del PRI se resume en presión política desde todos los frentes: seguridad, justicia, programas sociales, finanzas públicas y protesta social. Y el campo de batalla sigue siendo el Congreso, donde cada declaración se mezcla con la disputa por narrar quién tiene el control y quién está fallando en responder a las urgencias del país.
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