Ciudad de México, 20 de noviembre de 2025. — Edson Andrade, identificado públicamente como uno de los líderes del movimiento Generación Z en México, anunció que dejará el país tras denunciar lo que califica como una “persecución política” atribuida al gobierno federal, particularmente a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con su declaración, la presunta filtración de datos personales y financieros habría elevado el riesgo para su seguridad, al vincularlo falsamente con actividades delictivas.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Andrade afirmó que la filtración de esta información representa un acto de intimidación estatal en respuesta a su activismo y a las críticas que ha dirigido al actual gobierno. Señaló que su salida del país busca evitar una situación que, desde su perspectiva, podría poner en riesgo su vida. “No puedo permanecer en México mientras se usan instituciones para perseguirme”, expresó.
El activista sostuvo que su exposición pública es consecuencia directa de su papel en la reciente movilización encabezada por jóvenes identificados como parte de la Generación Z, quienes han protagonizado protestas en la Ciudad de México y otras entidades. Andrade insistió en que el movimiento se ha caracterizado por su independencia y que su liderazgo ha sido resultado de una articulación espontánea entre jóvenes inconformes.
Por su parte, Morena rechazó las acusaciones de persecución política y calificó como falsas las versiones que responsabilizan al gobierno federal o a la presidenta Sheinbaum de cualquier filtración de información. Según declaraciones de representantes del partido, citadas por medios oficiales, Andrade estaría vinculado a intereses partidistas ajenos al movimiento.
De acuerdo con Morena, un contrato por más de 2 millones de pesos —vigente de febrero de 2025 a enero de 2026— otorgado a Andrade por el Partido Acción Nacional (PAN) para servicios de estrategia digital, cuestionaría su independencia política. Legisladores y voceros del partido señalaron que este vínculo evidenciaría un posible financiamiento detrás de la movilización juvenil, lo que, afirman, “desvirtúa la narrativa de espontaneidad”.
En respuesta, Andrade negó que dicho contrato, cuya existencia reconoció, esté relacionado con la organización o motivación del movimiento Generación Z. Aseguró que su trabajo profesional no interfiere con su activismo y que se trata de un intento de desacreditarlo “utilizando información incompleta y fuera de contexto”.
El intercambio de acusaciones ha derivado en una confrontación pública entre el activista y representantes de Morena, intensificando el debate sobre la legitimidad del movimiento juvenil y la posible intervención de actores políticos en su surgimiento. Dependencias federales consultadas por medios institucionales han reiterado que no existe ninguna investigación judicial o administrativa en curso contra Andrade.
Mientras tanto, organizaciones civiles han solicitado que se garantice la seguridad de líderes sociales y activistas, destacando la importancia de evitar cualquier forma de intimidación que inhiba la participación ciudadana. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado del destino al que Andrade se trasladará ni del estatus legal de sus denuncias.
El caso continúa generando reacciones encontradas entre la opinión pública, en un contexto de creciente tensión política previo al arranque del próximo periodo legislativo.
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