Por Juan Pablo Ojeda
La violencia volvió a sacudir al estado de Veracruz. Pedro González Rodríguez, excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, fue asesinado a tiros en su propio domicilio en la comunidad de Villa Comoapan. Tenía 65 años y en 2021 compitió bajo las siglas del partido local Todos por Veracruz. Según los reportes policiales, un grupo armado llegó, abrió fuego y huyó de inmediato. Pese al operativo desplegado, no hubo detenidos.
El crimen no es un hecho aislado. Apenas el 6 de noviembre, Lázaro Francisco Luría —excandidato del PAN a la alcaldía de Chinameca— fue secuestrado y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue encontrado cerca de la carretera estatal entre Oteapan y Zaragoza. En menos de un mes, dos aspirantes han sido ultimados en la misma región, alimentando la preocupación de los habitantes y generando indignación en comunidades que ya viven bajo fuertes tensiones de inseguridad.
Veracruz atraviesa un año particularmente violento, marcado por la disputa de grupos criminales dedicados a extorsiones, secuestros y cobro de piso. La Fiscalía estatal abrió una investigación sobre el homicidio de González Rodríguez, que se suma a un contexto nacional igual de complejo.
Los hechos ocurren mientras México vive una escalada de violencia política. El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de noviembre, encendió alertas en todos los niveles de gobierno. Manzo había exigido apoyo federal para enfrentar a los grupos criminales activos en su municipio e incluso ofreció recompensas a policías que lograran abatir a sicarios.
Este panorama revela una tendencia preocupante: según la organización Causa en Común, al menos 56 actores políticos han sido asesinados en lo que va del año. La cifra confirma que la política sigue siendo una actividad de alto riesgo en varias regiones del país, especialmente donde confluyen procesos electorales locales, disputas criminales y autoridades con capacidades limitadas.
Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones, la exigencia ciudadana es clara: frenar la espiral de violencia, garantizar justicia y recuperar la seguridad en regiones donde la política se está convirtiendo en una actividad mortal.
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