Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se está moviendo una idea que, aunque suene técnica, en el fondo es bastante sencilla: que México deje de trabajar la política social “a ojo de buen cubero” y la conecte de manera obligatoria con los acuerdos internacionales que ya firmó. La encargada de empujar este cambio es la diputada Ana Isabel González González, del PRI, quien plantea que la Ley General de Desarrollo Social por fin se ponga en sintonía con instrumentos globales como la Agenda 2030, esos mismos compromisos que buscan que los países combatan la pobreza, la desigualdad y la discriminación con estándares claros y medibles.
Hoy, la legislación mexicana va por un camino y los acuerdos internacionales por otro, casi como si fueran dos conversaciones paralelas. Esa desconexión provoca que muchas metas globales —reducir la desigualdad, cerrar brechas educativas, enfrentar la crisis climática o atender la exclusión infantil— no se reflejen con fuerza en los programas sociales del país. En la práctica, eso genera una política pública fragmentada, donde cada dependencia jala por su lado y donde los compromisos firmados afuera no siempre aterrizan en acciones dentro del país.
La iniciativa de González propone añadir un párrafo clave al artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social: que la planeación obligatoriamente tome como guía los instrumentos internacionales ya aceptados por México. La idea es lograr coherencia, es decir, que lo que el Estado promete ante la comunidad internacional tenga impacto real en el diseño de programas sociales, en su evaluación y en la forma en que se miden los resultados.
Si el cambio avanza, tendría efectos concretos. Para empezar, permitiría mejorar la forma en que se eligen las zonas y poblaciones prioritarias, usando indicadores globales que ya existen y no inventando mediciones desde cero. También posicionaría a México como un actor que se toma en serio la agenda del desarrollo sostenible y que no deja los tratados internacionales como simple adorno diplomático. Y más importante: fortalecería la cohesión social, un elemento clave para que las comunidades puedan enfrentar los problemas que vienen, desde eventos climáticos extremos hasta crisis económicas.
La diputada lo resume con una frase que parece más filosófica que legislativa, pero captura bien el espíritu de su propuesta: vincular la ley nacional con los instrumentos internacionales es un acto de convicción, una muestra de que México puede pensar globalmente mientras actúa localmente para garantizar justicia social.
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