Por Juan Pablo Ojeda
Un hecho reciente en Culiacán, Sinaloa, ha puesto en tela de juicio las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguraba que la seguridad en la entidad estaba mejorando y que la población podía continuar con sus actividades con normalidad.
Medios locales reportaron que el escolta del hijo del gobernador fue secuestrado en la colonia Renato Vega Alvarado, ubicada al sur de la ciudad. Aunque las autoridades aún no han ofrecido información oficial sobre los responsables o el paradero del escolta, la noticia ha generado alarma entre vecinos y usuarios de redes sociales, y cuestiona la percepción de seguridad promovida por el gobierno estatal.
Este incidente ocurre en un contexto de persistente violencia en Sinaloa, estado que históricamente ha enfrentado problemas derivados del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. La situación evidencia que incluso personas vinculadas al gobierno no están exentas de ser blanco de hechos delictivos, lo que incrementa la percepción de vulnerabilidad de la ciudadanía.
Analistas políticos han señalado que este secuestro podría afectar la imagen del mandatario, quien en diversas ocasiones ha defendido la estrategia de seguridad implementada en la entidad. La seguridad de funcionarios y sus familiares suele ser un indicador indirecto del control sobre la violencia en una región, y en este caso, la noticia del secuestro contradice el mensaje oficial sobre la mejora de la seguridad pública.
Vecinos de la colonia Renato Vega Alvarado y testigos locales han señalado que el hecho ocurrió de manera rápida, lo que refleja la capacidad de acción de los delincuentes en áreas urbanas de Culiacán. El incidente ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas de seguridad en el estado, incluyendo la coordinación con fuerzas federales y municipales.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, y se desconoce si hay avances en la investigación para localizar al escolta. Organizaciones civiles y medios locales han solicitado que se esclarezca la situación y se refuercen las estrategias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Este hecho refuerza la urgencia de que las autoridades estatales revisen y fortalezcan sus protocolos de protección, no solo para funcionarios y familiares, sino para la población en general, ante un contexto de violencia que persiste en diversas zonas del estado.
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