Por Bruno Cortés
En medio de una trifulca que sacudió el Senado, Emiliano González, sin registro oficial, termina lesionado por golpes de Alejandro Moreno.
El salón de plenos del Senado, usualmente un espacio de debates acalorados pero contenidos, se transformó este 27 de agosto de 2025 en un caos de empujones y gritos que evocaban más una riña callejera que una sesión legislativa. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, y Alejandro «Alito» Moreno, líder del PRI, protagonizaron un altercado físico que dejó al descubierto no solo tensiones partidistas, sino también grietas en la transparencia institucional.
En el epicentro de esta tormenta, Emiliano González González, un colaborador cercano a Noroña, intentó mediar con una cámara 360 grados en mano, capturando el momento en que un empujón lo envió al suelo, donde patadas y golpes lo inmovilizaron, dejando un eco de amenazas que resonaron como un recordatorio siniestro de la fragilidad del orden público en espacios de poder.
González, identificado como prestador de servicios profesionales para la Presidencia de la Mesa Directiva, no figura en la nómina oficial de los 1,887 empleados del Senado ni en la lista de 1,227 asesores contratados por honorarios, según revelaciones periodísticas de agosto de 2025. Esta ausencia administrativa no impidió que realizara funciones clave, como grabar sesiones y acompañar a Noroña en viajes oficiales, generando erogaciones del erario que superan los 100 mil pesos en un solo periplo.
El olor a café rancio de las salas de prensa y el zumbido constante de los ventiladores en el edificio parecen simbolizar la rutina opaca que permite tales irregularidades, donde el dinero público fluye sin contratos visibles, alimentando sospechas de favoritismo en un sistema que presume austeridad.
El incidente inició al finalizar la sesión de la Comisión Permanente, con el Himno Nacional aún resonando en el aire cargado de tensión. Moreno reclamó a Noroña por no concederle la palabra, un gesto verbal que escaló a jaloneos y golpes. González, vestido con una camisa verde que contrastaba con el traje formal de los senadores, se interpuso como un escudo improvisado, su cámara capturando el sudor en las frentes y los rostros crispados de ira.
El impacto del empujón lo hizo caer, y mientras yacía en el piso frío del pleno, recibió un derechazo y patadas que lo dejaron con lesiones en cuello y brazo, evocando la imagen de un gladiador caído en una arena moderna donde el fuero protege a los poderosos pero deja expuestos a los anónimos.
Fotos posteriores muestran a González con un collarín cervical y un cabestrillo en el brazo, un testimonio visual que despierta empatía por el dolor físico y la humillación de ser agredido en un lugar que debería representar la cima de la civilidad. Noroña, en conferencia de prensa, denunció amenazas de muerte proferidas durante la trifulca, anunciando que tanto él como González presentarán denuncias penales contra Moreno y otros priistas involucrados, incluyendo un pedido de desafuero.
El eco de estas acusaciones resuena en los pasillos del Senado, donde el aroma a documentos polvorientos se mezcla con el de la indignación pública, cuestionando si la justicia llegará o se diluirá en la burocracia.
Esta no es la primera controversia alrededor de Noroña y su equipo. Investigaciones de medios como Excélsior y Imagen Noticias revelaron que al menos cuatro colaboradores, incluyendo a González, operan sin registro formal, elevando el gasto mensual de la Presidencia a más de un millón de pesos.
El viaje de González a Roma en junio de 2025, donde recibió 103,035.55 pesos por boleto y viáticos para «apoyo técnico y legislativo», ilustra cómo recursos públicos financian actividades sin transparencia, un detalle que pica como sal en la herida de una sociedad que observa cómo el erario se evapora en sombras administrativas.
La oposición, representada por figuras como Ricardo Anaya del PAN, ha exigido claridad sobre estos colaboradores fantasma, contrastando con sus propios equipos modestos. En redes sociales, la indignación se multiplica con videos virales que capturan el caos, donde el crujido de la cámara dañada de González simboliza la fragilidad de la verdad en tiempos de polarización.
Este episodio no solo expone la violencia latente en la política mexicana, sino también una crítica social mordaz: en un país donde millones luchan por un empleo formal, algunos navegan el poder con privilegios invisibles, dejando un reguero de preguntas que duelen más que los moretones.
Diputados como Andrea Chávez de Morena han ofrecido apoyo legal a González, destacando la brutalidad del ataque y reforzando la narrativa de un acto cobarde. Sin embargo, Moreno defiende que Noroña inició la agresión, un intercambio de culpas que huele a excusas recicladas en un panorama donde la accountability parece un lujo.
La Junta de Coordinación Política del Senado ha prometido medidas de protección para González, reconociendo amenazas que añaden un matiz siniestro a la trifulca, como si el poder no solo corrompiera, sino que también invitara a la oscuridad.
En última instancia, este incidente subraya la complejidad del panorama político mexicano: un cóctel de ambición, opacidad y violencia que deja a los ciudadanos con un amargo sabor de decepción.
Mientras González se recupera de sus heridas físicas, la sociedad mexicana lidia con las emocionales, preguntándose si la transparencia alguna vez ganará terreno en un Senado donde los colaboradores sin nómina pueden ser héroes involuntarios o víctimas colaterales de un sistema que, irónicamente, promete cambio pero entrega caos.
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