Por Bruno Cortés
En México, cuando hablamos de corrupción, solemos pensar en mochadas, obras infladas o políticos con relojes de lujo. Pero hay una forma de corrupción más silenciosa, más técnica y con traje de arquitecto: la corrupción inmobiliaria. Y no es nueva, pero ahora, un grupo de legisladores quiere que deje de ser un secreto a voces.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo (PT), está proponiendo reformas de peso. Nada más y nada menos que cambiar la Constitución, el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que esta corrupción tenga un nombre oficial, una pena severa y consecuencias reales. Según él, este delito es tan grave como el homicidio o la delincuencia organizada. Así, tal cual.
¿Pero qué es exactamente la corrupción inmobiliaria? Es una red, un sistema bien aceitado donde funcionarios públicos, desarrolladores inmobiliarios, notarios, jueces civiles, encargados del catastro y hasta directores de desarrollo urbano se ponen de acuerdo para sacar ventaja. ¿Cómo? Cambian el uso de suelo a modo, construyen sin permisos, venden casas sin servicios o se quedan con propiedades ajenas. Y claro, todo con sello oficial.
Mejía no lo dice al aire. Puso ejemplos concretos. El más escandaloso es el de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX. Ahí, durante años, un grupo político —que él llama “cártel inmobiliario”— autorizó pisos de más, ignoró violaciones al uso de suelo y permitió la construcción irregular de más de 133 inmuebles. Hablamos de una red que, según estimaciones, movió más de 7 mil millones de pesos. Todo, mientras el costo de la vivienda subía como espuma y la ciudad se hacía cada vez más desigual.
Pero esto no es exclusivo de la capital. En Coahuila, señala al gobernador Manolo Jiménez Salinas, del PRI, por haber beneficiado supuestamente a empresas familiares cuando era alcalde de Saltillo. Las empresas Jisa Bienes Raíces y Verjip Constructores —ambas vinculadas a su familia— recibieron permisos y contratos para obras con terrenos públicos.
Y el sur del país tampoco se salva. La diputada Margarita García, también del PT, denunció un caso en Oaxaca, donde una familia —los hermanos Gómez Conzatti— fue víctima de despojo de propiedades. Ella asegura que esta red se extiende por varios estados.
Por eso, la propuesta es clara: tipificar la corrupción inmobiliaria como delito grave, con penas de hasta 20 años de prisión, además de castigos como inhabilitación, multas económicas, destitución y, sí, prisión preventiva oficiosa, es decir, que quien sea acusado se quede en la cárcel mientras se investiga.
Más allá de la ley, lo que buscan Mejía y su bancada es un mensaje: que ya no se normalice la gentrificación con trampa, ni el despojo legalizado. Porque esto, dicen, no solo afecta el bolsillo de quienes quieren una casa, sino que “institucionaliza el abuso del poder”.
Esta iniciativa aún deberá pasar por el filtro del Congreso, pero si avanza, podría convertirse en un parteaguas para enfrentar un problema que ha crecido al amparo del desarrollo urbano… y de la impunidad.
¿Será esta vez la buena? En política, todo puede pasar. Pero al menos, el tema ya está sobre la mesa. Y ahora, con nombre y apellido.
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